Con este fundamento competencial y de acuerdo con lo principios orientadores y objetivos recogidos en el Título VIII del Estatuto de Autonomía relativo al medio ambiente, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, crea la autorización ambiental unificada como una nueva figura de intervención ambiental que tiene como principal objetivo prevenir, evitar o cuando esto no sea posible, reducir en origen la producción de residuos, las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo a través de un enfoque integrado y evaluación global de las incidencias ambientales de las actuaciones sometidas a la misma.

Por otro lado esta autorización se configura como el instrumento adecuado, por su naturaleza y alcance, para el seguimiento y control por la Consejería competente en materia de medio ambiente del condicionado ambiental de la actuación proyectada como una garantía más para el cumplimiento de su finalidad principal, cual es la protección del medio ambiente en su conjunto.

Para la determinación del iter procedimental se ha considerado la necesidad de facilitar y asegurar en el ámbito de actuación interna la Consejería competente en materia de medio ambiente, una valoración conjunta de la actuación proyectada por las distintos órganos o unidades administrativas afectadas que permita integrar en una única resolución el resultado de la evaluación ambiental y las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación, resulten necesarios con carácter previo para su implantación y puesta en marcha.

Así mismo se han tenido en cuenta las exigencias establecidas en la legislación básica y en la Ley 7/2007, de 9 de junio, sobre información y participación pública en los procedimientos de prevención ambiental, así como los principios generales de funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en particular los principios de eficacia, eficiencia y control de los resultados, racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos y buena administración en su relación con la ciudadanía.

El Reglamento de la autorización ambiental unificada que se aprueba por el presente Decreto, se estructura en siete Capítulos y cuatro Anexos.

El Capítulo I comprende las disposiciones generales relativas al objeto, finalidad, definiciones, ámbito de aplicación, exclusiones, órgano competente, repercusiones sobre otra Comunidad Autónoma y secreto industrial y comercial.

En relación con las actuaciones que se integran en el ámbito de aplicación de la autorización ambiental unificada se regula en este Capítulo el procedimiento para la toma de decisión, caso por caso, por la Consejería competente en materia de medio ambiente, sobre el sometimiento a esta autorización de determinadas actuaciones, y se desarrollan las previsiones contenidas en la Ley 7/2007, de 9 de junio, relativas a la modificación de las actuaciones sometidas a esta autorización identificándose las que en todo caso tendrán la consideración de modificaciones sustanciales.

En el Capítulo II se regula la solicitud, potestativa para el promotor, de información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria para la tramitación de la autorización ambiental unificada, determinándose el contenido mínimo de la memoria resumen que a tal efecto deberá presentar ante el órgano competente, el carácter y alcance del trámite de consultas y la información que deberá facilitarse al promotor.

En el Capítulo IV se establecen las particularidades procedimentales respecto de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o de carácter privado declaradas de utilidad pública o interés general de Andalucía. En ambos casos el procedimiento de autorización ambiental unificada terminará con la emisión de un informe vinculante, dado que es éste el instrumento apropiado para articular el ejercicio coordinado de las competencias atribuidas a los órganos que se integran en una misma Administración Pública correspondiendo en estos casos al Consejo de Gobierno resolver las posibles discrepancias que puedan plantearse por los distintos intereses públicos afectados.

De conformidad con la habilitación conferida en la disposición final segunda de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y de las atribuciones conferidas por el artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día xx de xxxxxx de xxxx

Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Sección 3ª del Capitulo II del Titulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental respecto del procedimiento para la obtención de la autorización ambiental unificada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la autorización ambiental unificada tiene por objeto evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen la producción de residuos, las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otras incidencias ambientales de determinadas actuaciones, así como recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y entidades de derecho público dependientes de la misma, y que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones.

Artículo 3. Definiciones

A los efectos de este Reglamento y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se entiende por :

1. Actuación: las obras, actividades y sus proyectos relacionados en el Anexo I de este Reglamento.

2. Autorización ambiental unificada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y lo indicado en su Anexo I.

3. Estudio de impacto ambiental: Documento que debe presentar el titular o promotor de una actuación sometida al procedimiento de autorización ambiental unificada. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles que la realización de la actuación puede producir sobre el medio ambiente.

4. Evaluación de impacto ambiental: Análisis predictivo destinado a valorar los efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente de aquellas actuaciones sometidas a los procedimientos de prevención y control ambiental que corresponda en cada caso.

1. Los titulares o promotores de las actuaciones descritas en los apartados 1 d), 2 y 3 del artículo anterior deberán presentar ante la Consejería competente en materia de Medio Ambiente un documento ambiental del proyecto, en el que se contengan, como mínimo:

a) La definición, características y ubicación del proyecto.

b) Las principales alternativas estudiadas.

c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.

e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

 

2. Recibido el documento al que se refiere el apartado anterior y efectuadas, en su caso, las consultas que se consideren necesarias, la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa audiencia de los interesados, resolverá en el plazo de tres meses sobre el sometimiento de la actuación a autorización ambiental unificada, transcurridos los cuales sin que haya dictado resolución expresa, el promotor podrá entender que la actuación queda sometida a autorización ambiental unificada.

3. La resolución, que tendrá en cuenta el resultado de las consultas que, en su caso, se hayan efectuado será motivada, ajustándose en sus fundamentos a los criterios establecidos en el Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y se hará pública en la forma prevista para la publicación de la resolución de autorización ambiental unificada.

4. Cuando la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente decida que la actuación debe someterse a autorización ambiental unificada, la resolución podrá determinar el alcance, amplitud y grado de especificación de la información que deba contener el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que el promotor debe acompañar a su solicitud.

1. El titular de una actuación sometida a autorización ambiental unificada que pretenda llevar a cabo una modificación que de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 19.11.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sea considerada sustancial, deberá solicitar nueva autorización en los términos previstos en el artículo 15 de este Reglamento, no pudiendo llevarse a cabo la modificación en tanto no sea otorgada la nueva autorización.

2. En todo caso, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales aquéllas que impliquen:

a) Un incremento superior al 25% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuren en la autorización ambiental unificada.

 

b) Un incremento superior al 25% del caudal del vertido o del contenido de cualquiera de los contaminantes emitidos al agua, que figuren en la autorización ambiental unificada.

 

c) Una generación de residuos peligrosos que obligara a obtener la autorización regulada en el artículo 99 de la Ley 7/2007, de 9 de julio o bien un incremento de más del 25% del total de residuos peligrosos generados, o de más del 50% de residuos no peligrosos, incluidos los residuos inertes, cuando se realicen en el contexto habitual de la actividad.

 

d) Un incremento en el consumo de recursos naturales superior al 50%.

 

e) Cualquier afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.

 

f) Cualquier afección a un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales.

 

 

3. En los demás casos, el titular lo comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente, aportando la documentación justificativa, quien resolverá sobre el carácter sustancial o no en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa podrá llevar a cabo la modificación proyectada.

4. La autorización ambiental unificada que se otorgue deberá referirse a toda la actuación y no solamente a aquella parte o partes objeto de modificación.

Quedarán excluidos del sometimiento a autorización ambiental unificada:

a) Los proyectos previstos específicamente en una Ley del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los proyectos relacionados con los objetivos de la Defensa Nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales necesidades

Artículo 10. Repercusiones sobre otra Comunidad Autónoma

Cuando se estime que el funcionamiento de una actuación sometida a autorización ambiental unificada pudiera tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente de otra Comunidad Autónoma, la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente lo pondrá en conocimiento de la Comunidad Autónoma afectada en orden a que en el plazo de un mes se pronuncie sobre la citada actuación.

1. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento se desarrollará respetando los términos establecidos en la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial.

2. Los titulares de las actuaciones objeto del presente Reglamento, podrán requerir de la Delegación Provincial la limitación del derecho a la información de aquellos datos con trascendencia comercial o industrial frente a personas o entidades distintas de la Administración, mediante solicitud motivada en la que concreten los datos afectados por la limitación así como la documentación que resulte necesaria para acreditar tal carácter.

3. En los casos previstos en el párrafo anterior, la Delegación Provincial en el plazo máximo de un mes dictará resolución motivada en la que se determinará qué datos tendrán el carácter de confidencial, de acuerdo con la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial, salvaguardando, en todo caso, los intereses generales.

1. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, los titulares o promotores de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada podrán obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria, mediante la presentación ante la Delegación Provincial, o en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 9, ante la Dirección General competente en materia de prevención y calidad ambiental, de una memoria resumen del proyecto que recoja las características más significativas de la actuación.

2. La memoria resumen contendrá como mínimo:

a) Identificación del titular o promotor.

 

b) Descripción, ubicación y características más significativas del proyecto.

 

c) Justificación u oportunidad de la necesidad de la actuación.

 

d) En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos ambientales de cada una de ellas.

 

e) Diagnóstico sobre la afección territorial y ambiental de la actuación proyectada.

 

 

1. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, la Delegación Provincial podrá efectuar consultas a otros organismos, instituciones, organizaciones ciudadanas, autoridades científicas y personas que puedan verse afectados por la actuación o que estime que puedan aportar alguna información de interés, para que en el plazo de treinta días, se pronuncien sobre el impacto ambiental de la actuación o aporten cualquier otra información que deba ser tenida en cuenta en la elaboración del estudio de impacto ambiental o del resto de documentación necesaria para la obtención de la autorización ambiental unificada.

1. Finalizado el plazo de consultas, la Delegación Provincial comunicará al promotor el resultado de las consultas efectuadas y pondrá a su disposición cualquier otra documentación que obre en su poder y que pueda resultar de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental y del resto de la documentación que debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.

2. La Delegación Provincial emitirá su opinión sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el estudio de impacto ambiental y demás documentación, sin perjuicio de que posteriormente, una vez examinada la documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental unificada, pueda requerir información adicional al promotor de la actuación.

Artículo 15. Solicitud

Artículo 16. Documentación

1. A la solicitud de autorización ambiental unificada se acompañará la siguiente documentación:

b) Informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico.

c) Informe sobre la afección al Patrimonio Histórico.

d) Estudio de impacto ambiental, que contendrá, al menos, la información recogida en el Anexo III de este Reglamento o, en el supuesto previsto en el artículo 29, la declaración de impacto ambiental.

e) Documentación exigida por la normativa sectorial para la obtención de las autorizaciones y pronunciamiento que deba expedir la Consejería competente en materia de medio ambiente así como demás entidades de Derecho Público dependientes de la misma y que, de acuerdo con la naturaleza de la actuación resulten necesarios con carácter previo a su implantación y puesta en marcha.

f) Justificante del pago de la tasa por la tramitación de la autorización ambiental unificada.

g) Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en el apartado anterior, la Delegación Provincial requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y a tal efecto se dictará resolución declarando tal circunstancia.

Artículo 17. Informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico

1. El informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico será emitido por el Secretario del Ayuntamiento en cuyo término municipal vaya a ubicarse la actuación o por el órgano que corresponda de la Administración competente.

2. Si el informe determina que la actuación es incompatible con la planificación urbanística, la Delegación Provincial, previa audiencia de los interesados, dictará resolución poniendo fin al procedimiento.

Artículo 18. Afección al patrimonio histórico

1. El promotor de una actuación sometida a autorización ambiental unificada incluirá en el estudio de impacto ambiental el análisis resultante de una actividad arqueológica en el que se identifiquen y valoren las afecciones al Patrimonio Histórico de la actuación o, en su caso, acompañará a su solicitud un certificado expedido por la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico sobre la innecesariedad de realización de dicho estudio.

2. En los casos en que sea preceptiva la realización del análisis de afecciones a que hace referencia el apartado anterior, la Delegación Provincial, en la fase de instrucción del procedimiento de la autorización ambiental unificada recabará de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico informe sobre las afecciones de dicha actuación al patrimonio histórico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, que deberá emitirse en un plazo de treinta días, transcurrido el cual sin haberse emitido se entenderá que es favorable.

En el caso de que la actuación incida sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o sobre su entorno, el plazo de emisión del informe por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico será de tres meses, transcurrido el cual sin haberse emitido se entenderá que es desfavorable.

3. Si el informe es negativo la Delegación Provincial, previa audiencia de los interesados, dictará resolución poniendo fin al procedimiento.

Artículo 19. Compatibilidad con la normativa ambiental

En los casos en los que de la documentación presentada se ponga de manifiesto que la actuación para la que se solicita autorización ambiental unificada incurre en alguna de las prohibiciones previstas en la normativa ambiental, la Delegación Provincial, previa audiencia del interesado, dictará resolución poniendo fin al procedimiento.

Artículo 20. Información Pública

1. Verificada la compatibilidad del proyecto con la normativa ambiental, en los términos previstos en el artículo anterior, la Delegación Provincial someterá el expediente a información pública, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto o cualquier otra documentación que conste en el procedimiento, presentar alegaciones y pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada.

3. Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos del proyecto que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.

Con carácter previo a la elaboración de la propuesta de resolución de autorización ambiental unificada se dará trámite de audiencia a los interesados durante un plazo máximo de quince días.

De la propuesta de resolución se dará traslado al órgano sustantivo para su conocimiento.

1. La persona titular de la Delegación Provincial dictará y notificará la resolución de autorización ambiental unificada que ponga fin al procedimiento en el plazo de máximo de ocho meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada.

1. La autorización ambiental unificada determinará las condiciones en que debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de impacto ambiental o, en su caso, incorporando la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Así mismo establecerá las condiciones específicas del resto de autorizaciones y pronunciamientos que en la misma se integren y las condiciones que resulten de los informes vinculantes emitidos, así como las consideraciones referidas al seguimiento y vigilancia ambiental de la ejecución, desarrollo o funcionamiento de la actuación.

Cuando, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su normativa de desarrollo, corresponda al órgano ambiental de la Administración General del Estado la formulación de la declaración de impacto ambiental de alguna actuación sometida a autorización ambiental unificada, no podrá otorgarse la misma sin que previamente se haya dictado dicha declaración.

1. En los supuestos en los que el órgano estatal haya emitido declaración de impacto ambiental el procedimiento de la autorización ambiental unificada será el establecido en el artículo 30 con las siguientes particularidades:

 

a) La declaración de impacto ambiental deberá acompañarse a la solicitud de la autorización ambiental unificada, junto con el resto de la documentación indicada en el artículo 16 a excepción del estudio de impacto ambiental.

b) El trámite de información pública se entenderá cumplimentado con el efectuado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

c) La autorización ambiental unificada incorporará el condicionado de la declaración de impacto ambiental formulada por el órgano ambiental de la Administración General del Estado.

 

2. En aquellos supuestos en que el órgano ambiental de la Administración General del Estado, de acuerdo con la normativa aplicable, resuelva no someter la actuación al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el procedimiento de la autorización ambiental unificada será el establecido en el artículo 30, si bien en este caso a la solicitud deberá acompañarse la citada resolución junto con el resto de la documentación indicada en el artículo 16, a excepción del estudio de impacto ambiental.

3. El informe se hará público en la forma prevista en el artículo 25.3.

Artículo 32. Procedimiento de actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía

2. El trámite de información pública, previsto en el artículo 20, será cumplimentado por el órgano promotor, antes de la remisión de la documentación a la correspondiente Delegación Provincial en el supuesto en el que el procedimiento de aprobación de la actuación incluya dicho trámite. En estos casos el trámite de consultas a que se refiere el artículo 21, se realizará una vez recibida la documentación y el resultado del trámite de información pública.

3. Cuando el procedimiento de aprobación de la actuación no incluya trámite de información pública, éste se realizará por la Delegación Provincial simultáneamente al trámite de consultas previsto en el artículo 21.

4. Del dictamen ambiental previsto en el artículo 22, se dará traslado al órgano promotor para que en un plazo de quince días formule las observaciones que estime pertinentes constituyéndose, en caso de disconformidad con el mismo, un grupo de trabajo mixto para resolver de común acuerdo y en el plazo máximo de treinta días los aspectos objeto de disconformidad.

5. Concluido el trámite anterior la Delegación Provincial emitirá un informe que pondrá fin al procedimiento en el que se pronunciará sobre la viabilidad y las condiciones en que deba realizarse la actuación proyectada teniendo en cuenta la normativa ambiental que le resulte de aplicación.

1. El promotor deberá presentar su solicitud de autorización ambiental unificada junto con la documentación indicada en el artículo 16 ante el órgano de la Administración de la Junta de Andalucía con competencia sustantiva.

2. El trámite de información pública y el de consultas se cumplimentarán de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo anterior.

3. Del dictamen ambiental, previsto en el artículo 22, se dará traslado al órgano sustantivo así como al interesado para que en un plazo de quince días formulen las observaciones que estimen pertinentes

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, de la propuesta de informe se dará traslado al órgano sustantivo para su conocimiento y consideración constituyéndose, en caso de disconformidad con la misma, un grupo de trabajo mixto para resolver de común acuerdo y en el plazo máximo de treinta días los aspectos objeto de disconformidad.

5. Concluido el trámite anterior la Delegación Provincial emitirá un informe que pondrá fin al procedimiento cuyo contenido será el establecido en el artículo 26. Las determinaciones y condiciones establecidas en el citado informe se incorporarán a la autorización que otorgue el órgano sustantivo.

6. El promotor podrá oponerse al informe emitido por la Delegación Provincial mediante la impugnación de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de la autorización sustantiva. En este caso el órgano sustantivo dará traslado del recurso a la Delegación Provincial para la presentación de las alegaciones que estime oportunas en el plazo de quince días. De emitirse en plazo las citadas alegaciones serán vinculantes para la resolución del recurso.

1. Cuando el órgano promotor o, en su caso, el órgano sustantivo de la actividad sometida a autorización ambiental unificada disienta del contenido del Informe emitido por la Delegación Provincial podrá iniciar el procedimiento de discrepancia previsto en este artículo.

2. En el plazo de diez días desde la notificación del Informe o desde el transcurso del plazo previsto para su notificación, el órgano promotor o en su caso el órgano sustantivo, comunicará por escrito a la Dirección General competente en materia de prevención y calidad ambiental su disconformidad con el informe, la cual recabará de la Delegación Provincial la información que considere necesaria.

3. En el plazo de quince días desde la comunicación a que hace referencia el párrafo anterior, el órgano promotor o sustantivo podrá iniciar el procedimiento para plantear la discrepancia ante el Consejo de Gobierno.

1. Según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, cuando el progreso técnico y científico, la existencia de mejores técnicas disponibles o cambios sustanciales de las condiciones ambientales existentes justifiquen la fijación de nuevas condiciones de la autorización ambiental unificada, y siempre que sea económicamente viable, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá modificarla de oficio o a instancia del titular de la actividad.

5. De acuerdo con el artículo 34.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, las modificaciones a que se refiere este artículo no darán derecho a indemnización.

3. Si vencido el plazo para resolver sobre la modificación, la Delegación Provincial no hubiese dictado resolución expresa, el titular podrá entender estimada su solicitud de modificación de autorización ambiental unificada.

1. De acuerdo con el artículo 34.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la autorización ambiental unificada caducará si no se hubiera comenzado la ejecución de la actuación en el plazo de cinco años desde la notificación al promotor de la resolución de autorización ambiental unificada. En tales casos, el promotor o titular deberá solicitar una nueva autorización.

2. Se entenderá por comienzo de la ejecución de la actuación el inicio efectivo de las obras o actividades contenidas en el proyecto, no bastando a estos efectos las meras labores preliminares o preparatorias de la actuación.

3. No obstante la Delegación Provincial, cuando no hubiesen cambiado los elementos sustanciales que sirvieron de base para otorgar la autorización ambiental unificada, podrá declarar la vigencia de dicha autorización a instancia de parte.

A tal efecto el promotor deberá presentar la solicitud acompañada de una memoria justificativa de las circunstancias que concurran y demás documentación que estime pertinente.

4. La solicitud a que se refiere el apartado anterior se presentará en la Delegación Provincial con la antelación suficiente y , en todo caso, tres meses antes del transcurso del plazo de caducidad previsto en el apartado primero.

5. Recibida la solicitud de declaración de vigencia de la autorización ambiental unificada, la Delegación Provincial realizará las consultas que, en su caso, sean necesarias en orden a la comprobación de las circunstancias ambientales que concurran y decidirá motivadamente sobre la misma en el plazo máximo de sesenta días, transcurrido el cual sin que se haya notificado la interesado la decisión, podrá entenderse vigente la autorización ambiental unificada.

6. La resolución determinará el plazo de vigencia, a efectos del inicio de las actuaciones, que en ningún caso podrá exceder de dos años.

1. Cuando en virtud de lo previsto en el artículo 33.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la autorización ambiental unificada incorpore la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha de la actuación, no podrá iniciarse la actividad hasta la comprobación del cumplimiento de las condiciones fijadas en dicha autorización.

2. La comprobación prevista en el apartado anterior se realizará a instancia del titular de la actuación, en el plazo de un mes directamente por la Delegación provincial o a través de entidad colaboradora en materia de protección ambiental.

3. Girada visita de inspección se expedirá la correspondiente acta de comprobación en la que se hará constar si se ha dado cumplimiento a los condicionantes establecidos en la autorización ambiental unificada.

4. Cuando se constaten deficiencias en el cumplimiento de los condicionantes impuestos el titular de la actuación acreditará la subsanación de las mismas mediante certificación expedida por entidad colaboradora, en materia de protección ambiental, que se presentará, junto con el certificado previsto en el artículo siguiente, como requisito necesario para la puesta en marcha.

Con carácter previo a la puesta en marcha o entrada en funcionamiento de cualquier actuación sometida a autorización ambiental unificada, el titular de la misma presentará en la Delegación Provincial una certificación suscrita por el técnico director en la que se acredite la adecuación de las obras o instalaciones al proyecto presentado, así como a los pronunciamientos de la autorización ambiental unificada y en la que se detallen las mediciones y comprobaciones técnicas que, en su caso, resulten necesarias.

1. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas personas que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria con la Administración de la Junta de Andalucía u otras Administraciones. A tal efecto, la Consejería competente en materia de medio ambiente expedirá la correspondiente acreditación identificativa. Las actas e informes que el personal inspector extienda en el ejercicio de estas funciones gozarán de la presunción de veracidad de los hechos que en los mismos se constaten, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar o aportar los interesados.

2. Las entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de medio ambiente podrán colaborar en el ejercicio de las actuaciones de inspección y control ambiental previstas en este artículo.

5. Los responsables de las actividades, actuaciones e instalaciones deberán prestar la asistencia y colaboración necesaria así como permitir la entrada en las instalaciones a quienes realicen las actuaciones de vigilancia inspección y control.

Serán de aplicación en materia de infracciones administrativas y sus sanciones los preceptos contenidos en el Título VIII, disciplina ambiental, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

1. Son órganos competentes para la imposición de sanciones:

a) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales, hasta 60.000 euros.

b) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, desde 60.001 hasta 150.0250 euros.

c) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, desde 150.251 hasta 300.500 euros.

d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500 euros.

 

2. El inicio de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.